CONCEPCI贸N DEL URUGUAY, ENTRE R铆OS
13-05-2026

Alegato de justicia frente al vaciamiento (Inf. Municipal)

(Villa Elisa al Dia)

13-05-2026-h.19:29
Un alegato de justicia frente al vaciamiento del Estado

En una jornada marcada por la contundencia de los hechos, la fiscal federal Josefina Minatta solicit贸 20 a帽os de prisi贸n e inhabilitaci贸n absoluta para los ex gendarmes Roberto Caserotto y N茅stor G贸mez del Junco. El alegato reconstruy贸 el horror de los operativos de 1977 y 1978, destacando no solo el ensa帽amiento contra militantes del PC, sino tambi茅n las pr谩cticas aterrorizantes contra las infancias. Ante el retiro de los profesionales de Naci贸n y Provincia, es la Municipalidad a trav茅s de su Direcci贸n de Derechos Humanos la que ha tenido que garantizar el dispositivo de acompa帽amiento y actuar como notificadora de las v铆ctimas por orden del Tribunal.

Durante m谩s de dos horas, la fiscal federal Josefina Minatta contextualiz贸 la "hist贸rica persecuci贸n" a los miembros del Partido Comunista en nuestro pa铆s y puso de relieve que durante la 煤ltima dictadura "los integrantes del PC local fueron brutalmente perseguidos, cesanteados, encarcelados y severamente torturados, como en otras localidades de nuestro pa铆s". En tal sentido, record贸 a "Chilo y Neco Zaragoza, Miguel 脕ngel Rousseaux, Manuel Liberoff y Elvio 脕ngel Bel鈥� uruguayenses v铆ctimas del terrorismo de Estado.

Tambi茅n enmarc贸 el accionar de los gendarmes Caserotto y G贸mez del Junco dentro del esquema represivo instaurado por la dictadura y aport贸 las pruebas que combinan testimonios y documentos para confirmar la represi贸n sistem谩tica. La coherencia hist贸rica de los relatos de las v铆ctimas se posiciona como prueba fundamental debido al car谩cter clandestino de los delitos, mientras que los registros de la Unidad Penal 4 y las 贸rdenes militares de liberaci贸n corroboran oficialmente las fechas, la intervenci贸n de Gendarmer铆a y la subordinaci贸n de los detenidos al mando del 脕rea 224.

Sin embargo, el avance de la justicia federal se produce en un contexto de soledad institucional. El pedido de la fiscal para que, una vez firme la sentencia, se notifique a la Direcci贸n Nacional de Sitios, al Registro Unico de la Verdad (RUV) y a la Direcci贸n municipal de Derechos Humanos para la se帽alizaci贸n de cuatro sitios de memoria (el Escuadr贸n 6, la Unidad Penal N掳4, una casa en las afueras y el Balneario Banco Pelay), expone una contradicci贸n que no se puede disimular. Ante el retiro de los profesionales de Naci贸n y Provincia, es la Municipalidad a trav茅s de su Direcci贸n de Derechos Humanos la que ha tenido que garantizar el dispositivo de acompa帽amiento y actuar como notificadora de las v铆ctimas por orden del Tribunal.

El RUV y una participaci贸n lejos de las v铆ctimas.

P谩rrafo aparte merece la participaci贸n de la actual gesti贸n del Registro Unico de la Verdad, como amicus curiae. Como sostiene quien fuera abogado querellante y ex director del organismo, Marcelo Boeykens: "Barga帽a no aport贸 verdad, no aport贸 justicia ni reparaci贸n; s贸lo aport贸 estigmatizaci贸n y sospecha al volver a interrogar las identidades pol铆ticas de las v铆ctimas en vez de concentrarse en los cr铆menes del terrorismo de Estado". Las referencias de la Directora se limitaron a describir la balanza comercial con la ex URSS, una narrativa que banaliza el proceso y se aleja del rol de investigar y aportar pruebas.

Este juicio deja al descubierto que el gobierno de Entre R铆os carece de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, aline谩ndose con una pol铆tica nacional que ha pasado del negacionismo a la reivindicaci贸n del terrorismo de Estado. De existir tal compromiso, se condenar铆an las visitas a genocidas organizadas por el diputado de su propio espacio, Beltr谩n Benedit. El silencio ante estos hechos confirma que el vaciamiento no es solo presupuestario, sino ideol贸gico y la inacci贸n ante represores y el desmantelamiento de equipos de acompa帽amiento son hoy la pol铆tica de Derechos Humanos compartida entre Naci贸n y Provincia.