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PROVINCIALES
20-01-2009
EL CULTIVO DEL MAIZ EN SITUACION DE DESASTRE
El Gobierno resolvió declarar en estado de “desastre” al cultivo de maíz, devastado como consecuencia de la fuerte sequía que sacude a la provincia, y de ese modo satisface una de las exigencias de los hombres de campo, que no se habían mostrado del todo conformes con la determinación de establecer la emergencia. Acepta el Gobierno que el 80 por ciento de ese cultivo ya se perdió, aunque dejan abierta la posibilidad de que el resto de las plantaciones esté en iguales condiciones. La medida no sólo incluiría diferimentos impositivos y bancarios, con entidades oficiales, sino también líneas crediticias que garanticen la próxima campaña.
Aunque la medida no se agota en eso. Para el resto de los cultivos, se apelará a una medida sui generis: los declararán en estado de “emergencia y/o desastre”, por cuanto los informes técnicos que manejan en el Gobierno datan del 30 de diciembre de 2008.
En los últimos 18 días, estiman, la situación se agravó, y por eso algún cultivo que entonces estaba en emergencia, hoy podría estar en condiciones de declararse en desastre, y por eso se apeló a ese recurso.
La decisión se adoptó este domingo por la noche, al término de una extensa reunión que presidió el gobernador Sergio Urribari con el secretario de la Producción, Roberto Schunk. El encuentro se inició poco después de las 19 aunque pasadas las 21:30 todavía se discutían los términos de la declaratoria, y fundamentalmente se apuraban definiciones en torno a la instrumentación de líneas de asistencia financiera a los productores que les permitan encarar en buenas condiciones la próxima campaña.
La novedad, de forma íntegra, será dada a conocer este lunes por el Gobernador a los productores en el encuentro previsto para las 9, en Casa de Gobierno, durante una reunión que los hombres de campo esperan que sea clave.
Hace una semana, el propio Urribarri habló sólo de una declaración de emergencia, determinación que chocó con la expectativa de los productores, que no sólo apuntan a un paliativo, sino a acciones concretas de mayor alcance que les permitan enfrentar el endeudamiento que sobrevendrá.
Según había adelantado el subsecretario de Producción Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Rubén Sarli, la emergencia beneficiará a aquellas actividades que hayan sido afectadas en más de un 50 por ciento por la sequía, y consistirá en la prórroga en el pago de impuestos provinciales y nacionales, y también en la cancelación de obligaciones con entidades financieras de la órbita estatal, como el Banco Nación.
Pero el campo quiere algo más, y particularmente reclaman que se declare a Entre Ríos como zona de desastre agropecuario, por cuanto las pérdidas hoy ya superan el 80 por ciento. De acuerdo a una estimación que dio a conocer la Federación Agraria Argentina, la cuantificación de los daños llega a los 420 millones de dólares en la provincia. Sólo en el caso del maíz se habla de una pérdida de 150 millones de dólares.
El director de Información Pública, Pedro Báez, fue el encargado de dar a conocer los pormenores del encuentro de ayer en Casa de Gobierno. Dijo que “la idea es sancionar la declaración de desastre para el maíz, y de emergencia para el resto de los cultivos”.
“En realidad -abundó- no es de emergencia solamente para el resto de los cultivos. La idea es sancionar la declaración de emergencia y/o desastre, porque se está trabajando con informes técnicos del 30 de diciembre. Transcurridos 18 días, puede ser que algún caso de cultivo que al 30 de diciembre era emergencia, ahora, porque la sequía continuó, sea de desastre”.
Pero hasta el cierre de esta edición, todavía no estaba redactado el texto final del decreto respectivo, reveló Baez, porque cuanto hasta anoche se estaban “definiendo los detalles” de la medida.
Al respecto, dijo que la declaratoria disparará mecanismos que establecen diferimientos en los vencimientos impositivos y bancarios, tanto a nivel provincial como nacional, la segunda instancia que sobrevendrá una vez que se tome la determinación a nivel local. “Pero una medida de este tipo tiene costos fiscales que hay que evaluar muy finamente”, puntualizó.
“Se están evaluando líneas de crédito, más allá del diferimento que establece la norma. Lo que más preocupa es garantizar las campañas que vienen: es decir, qué alternativas hay para contribuir al sostenimiento de la actividad”, explicó.
Fuente: El Diario